El presunto jefe de la mafia sicialiana (Italia) conocida como la “Cosa Nostra”, Miceli Salvatore, fue detenido por la policía científica …

Hace poco publicamos un artículo titulado El Derecho es copyleft. O la libertad de copiar las leyes, pero imaginamos que hay usuarios que …

Artículo publicado en Copyleft. Manual de uso.
Editorial Traficantes de Sueños.
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1. Introducción
En un …

En el Blog de Bartolomé Clavero pueden leer un interesante artículo sobre los sucesos ocurridos en Bagua y como se enmarca este …

La ministra boliviana de Justicia, Celima Torrico condenó el sábado la represión “sangrienta” que cobró la vida de al menos 34 campesinos …

El Partido Pirata Sueco, formación creada hace tres años, quedó en quinto lugar en Suecia con el 7,1 por ciento de los …

Los equipos de rescate brasileños y franceses que trabajan en el Océano Atlántico recuperaron este domingo 15 cuerpos del desaparecido avión de …

Entonces debido a la desigualdad inherente en la relación laboral entre el empleador minero y trabajador, es que existen los principios laborales que protegen al trabajador, con el objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes (trabajador) y además que se encuentren reconocido sus derechos dentro del marco constitucional. Por consiguiente en el presente trabajo se realizar una analisis de la constitucionalidad de la jornada acumulativa en el trabajo minero, desde las sentencias Nº 1396-2001-AA y la Nº 4635-2004-AA/TC.

El tipo penal de colusión desleal se encuentra ubicado en la mayoría de legislaciones del mundo en el apartado de los delitos perpetrados contra la Administración Pública, lo cual conlleva a priori, que muchos juristas vinculen automáticamente el objeto de protección del tipo penal con los intereses de la Administración Pública, sin embargo al respecto conviene hacer una serie de precisiones que nos permitan realmente determinar cual es la materia o bien jurídico protegido en este tipo penal.

Desde sus orígenes, la democracia ha sido considerada como una forma de gobierno caracteriza por el respeto a los derechos humanos y a las libertades; por lo que, su ejercicio es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos. Es por ello que el papel del Estado debe estar orientado al fortalecimiento de la democracia.

Desde su incorporación en nuestro Código Civil vigente (1984) el llamado “daño a la persona” ha originado discusiones en cuanto a su definición, alcances y aún en su propia inclusión dentro de este cuerpo normativo; las mismas que van desde su desnaturalización – diferenciando como lo hacen ciertos autores y alguna jurisprudencia al daño evento, del daño consecuencia, refiriéndose éste último a los efectos o repercusiones de la lesión, los mismos que pueden ser tanto personales como extrapersonales o patrimoniales- hasta su carácter genérico frente al daño moral ,también consagrado por nuestro ordenamiento jurídico.

Como hiciéramos referencia en su oportunidad, el daño a la persona, mas allá de cualquier cuestionamiento de orden meramente conceptual, es actualmente considerado y regulado por nuestro ordenamiento jurídico civil como un tipo de daño susceptible de reparación, cuya protección abarca un amplio e importante espectro y cuya finalidad primordial es la protección de la persona humana – lógicamente incluyendo al concebido – como un todo conformado por su parte psíquica (daño moral) y somática.

Los daños ocasionados al medio ambiente constituyen un serio problema que afecta al mundo entero. A lo largo de la historia, es recién en el año 1970 donde la preocupación por mitigar y reparar el daño ambiental se constituyó en uno de los temas prioritarios a ser tratados tanto por entes públicos y privados puesto que, su urgente tratamiento ha sido y es en la actualidad, indispensable no sólo para lograr el equilibrio ecológico; sino también, fundamentalmente para el desarrollo y conservación de la especie humana.

EL Ministerio Público es el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en el año 1979, con la misión fundamental de defender la legalidad y los Derechos Humanos.

El Ministerio Público está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia, defiende la legalidad, los intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, fortaleciendo el Estado democrático, social y de derecho.